Ya está en España el primero de los presos de Guántanamo que el Gobierno aceptó recibir para ayudar al presidente de Estados Unidos Barack Obama a dar carpetazo al espinoso asunto heredado de su predecesor, George W. Bush. Sólo sabemos del prisionero que es palestino. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantiene que no dará más datos porque "pretendemos que quien venga a vivir a nuestro país pueda hacer su vida".
¿A qué vigilancia y control somete el Gobierno español a un preso que no ha cometido ningún delito en España, que nunca ha sido juzgado por Estados Unidos y que, en algún caso, no tiene cargos por actividad terrorista? Pues, asómbrense, no hay respuesta oficial.
La razón es tan sencilla como que nadie -y por nadie se entiende a Presidencia, al Ministerio de Interior y al de Exteriores- ha concretado hasta la fecha en la que se escriben estas líneas cuál será el futuro de los cinco presos de Guantánamo que España va a acoger. El hecho de cerrar Guantánamo es a todas luces positivo, si bien los pasos a seguir presentan algunas dudas acerca de las condiciones que se van a aplicar a los presos extraditados a España.
La libertad vigilada, a priori, no es posible porque ninguno de los cinco presos que ya han empezado a ser trasladados a España tiene imputación penal alguna. Pero, obviamente, el Gobierno tampoco va a permitir que ninguno de estos sujetos se les escape bajo su tutela así que serán controlados de alguna manera. Por tanto habrá que emplear algún juego malabar de carácter jurídico para controlar que ninguno de los presos huya para alistarse en alguna red terrorista islámica.
Y en caso de se juzgados, al no haber cometido delito alguno en España… ¿serán juzgados por las leyes estadounidenses? ¿Y eso se puede hacer con un ciudadano cuando, toda vez que vivirán en España, tiene derecho a acogerse a los derechos en los que se basa nuestro modelo?
Son muchas las preguntas que se plantean, pero no hace falta que afinen mucho su respuesta porque no hay premio. Por lo menos hasta que el Gobierno no oficialice la suya.
¿A qué vigilancia y control somete el Gobierno español a un preso que no ha cometido ningún delito en España, que nunca ha sido juzgado por Estados Unidos y que, en algún caso, no tiene cargos por actividad terrorista? Pues, asómbrense, no hay respuesta oficial.
La razón es tan sencilla como que nadie -y por nadie se entiende a Presidencia, al Ministerio de Interior y al de Exteriores- ha concretado hasta la fecha en la que se escriben estas líneas cuál será el futuro de los cinco presos de Guantánamo que España va a acoger. El hecho de cerrar Guantánamo es a todas luces positivo, si bien los pasos a seguir presentan algunas dudas acerca de las condiciones que se van a aplicar a los presos extraditados a España.
La libertad vigilada, a priori, no es posible porque ninguno de los cinco presos que ya han empezado a ser trasladados a España tiene imputación penal alguna. Pero, obviamente, el Gobierno tampoco va a permitir que ninguno de estos sujetos se les escape bajo su tutela así que serán controlados de alguna manera. Por tanto habrá que emplear algún juego malabar de carácter jurídico para controlar que ninguno de los presos huya para alistarse en alguna red terrorista islámica.
Y en caso de se juzgados, al no haber cometido delito alguno en España… ¿serán juzgados por las leyes estadounidenses? ¿Y eso se puede hacer con un ciudadano cuando, toda vez que vivirán en España, tiene derecho a acogerse a los derechos en los que se basa nuestro modelo?
Son muchas las preguntas que se plantean, pero no hace falta que afinen mucho su respuesta porque no hay premio. Por lo menos hasta que el Gobierno no oficialice la suya.
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